El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, anunció hoy que el 99% de las ganancias extraordinarias del petróleo serán para el Estado y tan sólo el 1% restante será para las empresas petroleras, cuando anteriormente eran del 50% para cada uno.

El decreto justifica la decisión aduciendo que la Constitución establece que "es deber fundamental del Estado defender el patrimonio natural del país y preservar el crecimiento sostenible de la economía, así como el desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo" y que los recursos naturales son de propiedad del Estado.

Correa agregó que considera que la distribución de las ganancias con las compañías contratistas no es equitativa para el Estado, por lo cual "es necesario regular de forma más justa tales ingresos". Algunas de las empresas que tienen contratos de participación y que se verán afectadas por este decreto son Repsol, Perenco (francesa) y Petrobras (brasileña).

El gerente de la empresa petrolera argentina, CGC, Ricardo Nicolás, en declaraciones a la agencia AP afirmó que "más que la sorpresa no podemos decir otra cosa, mientras no vea el decreto oficial no lo puedo dar por cierto". CGC tiene también una concesión aunque no está operativa debido a la oposición de un grupo indígena de la amazonia.

El ex ministro de Energía, Fernando Santos, declaró a AP que con ese decreto "se ha violado el derecho internacional que prohíbe la discriminación a las compañías extranjeras es un impuesto confiscatorio, prohibido por el derecho internacional, por la Constitución y por los contratos".

Santos recordó que "es una medida muy similar a la que tomó Fidel Castro en 1960 contra las compañías petroleras extranjeras", al tiempo que señaló que "el mensaje que se lanza al mundo es que Ecuador se ha puesto en el mismo plano que Cuba y que es un enemigo declarado de la industria petrolera privada". "Con este impuesto, las compañías tendrán que trabajar con pérdidas y eso no lo van a aceptar", concluyó.


Fuente: europapress
05/10/2007